Opinión:El Pobrecito Hablador

Federico Quevedo:Visto para sentencia el juicio contra Federico Jiménez Losantos por injurias al alcalde de la ciudad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el asunto merece algún tipo de comentario a la espera de que el Tribunal dicte resolución. Digo que merece alguna clase de comentario porque el juicio, independientemente de sus protagonistas, ha puesto sobre la mesa, de alguna manera, el viejo debate sobre la libertad de expresión y sus límites...

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y sobre el papel de los periodistas en una democracia supuestamente consolidada y nunca suficientemente amparada en el Estado de Derecho. El juicio, de hecho, ha tenido lugar sólo unos días después de que otro Tribunal denegara el recurso de amparo solicitado por la hermana de la princesa Letizia, Telma Ortiz, contra los paparazzi que la persiguen por todas partes. Es evidente que la libertad de expresión está en tela de juicio, y quienes hacemos uso de ella diariamente en los medios de comunicación deberíamos sentarnos a reflexionar sobre su alcance y sobre los márgenes que no debe sobrepasar.

Nunca he considerado al periodista una especie protegida, como el lince ibérico, ni siquiera susceptible de serlo. El poder que tenemos en nuestra manos –unos, evidentemente, más que otros, por lo que su grado de responsabilidad debe ser proporcional- es infinitamente superior al daño que, en una democracia –esto, obviamente, no funciona así en las dictaduras-, pueden hacernos aquellos que son objeto de nuestras palabras escritas o habladas. Con todo, entre prensa y poder ha habido siempre una relación bidireccional de intento de control de unos sobre los otros. En este país nuestro, en concreto, prensa y poder han vivido una historia paralela y, de hecho, creo que el único momento en el que esta profesión se ejerció en condiciones de absoluta libertad fue en los primero años de la Transición, cuando la política también se ejercía en un marco de frescura y cercanía a la sociedad que nunca más se ha vuelto a repetir. Desde entonces, prensa y poder han buscado siempre la mutua perversión, y sólo la aparición de internet ha vuelto a traer algo de aquella expresión de libertad que fueron los primero años de la Democracia.

Aun así, y a pesar de que la libertad de expresión no se ejercita con el mismo grado de apertura e independencia que fue posible en aquel momento, lo cierto es que deben establecerse unos límites para que no se convierta en una especie de tabla de salvación o de escudo protector de actitudes éticamente reprochables. La salvaguarda de la libertad de expresión no puede servir de parapeto para quienes se saltan los límites, que no son otros que el Código Penal y la Constitución, y cruzan las ‘líneas rojas’ que nunca debe, a conciencia, cruzar un periodista, es decir, la injuria y la mentira. La libertad de expresión no es un cheque en blanco, un camino directo al ‘todo vale’, o a ‘el fin justifica los medios’. La libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad. Pero también es cierto que debe permitirse al periodista un margen para la crítica, y a veces para la sátira. Yo no diré nunca aquello de que si no existiera Federico Jiménez Losantos habría que inventarlo, porque no creo que el director de La Mañana de la COPE se sienta tan imprescindible -y los demás, menos-, pero es evidente que como comunicador tiene un estilo propio, que puede gustar o no, pero que no deja de ser una ventana curiosa abierta a la aventura entre tanto tedio diario.

En el primer número de El Pobrecito Hablador, la revista satírica que, bajo seudónimo, dirigiera Mariano José de Larra, con el título de Dos palabras –ahora ya saben de dónde viene el que identifica a esta columna- el autor explica que la razón de publicar aquel pasquín es, entre otras, la de divertir al público, y añade que para hacerlo “no seremos escrupulosos en la elección de los medios, siempre que estos no puedan acarrear el perjuicio nuestro, ni de terceros, siempre que sean lícitos, honrados y decorosos”. Como referente ético parece más que suficiente. Lo que se dirime en el juicio que enfrenta a Gallardón y Losantos es si, en efecto, el comunicador se ha excedido en su papel de crítico con el poder, traspasando el límite para incurrir en una ofensa grave e, incluso, en una injuria. ¿Tiene derecho Gallardón a defenderse o, al hacerlo, está incurriendo en un ataque a la libertad de expresión? Este es el nervio del asunto que nos compete, pero creo que a cualquier persona con dos dedos de frente no se le escapa que, si bien la profesión de político incluye en la mochila paciencia para aguantar toda clase de críticas, bromas, chanzas, etcétera, también debe haber unos límites a la ofensa que el político, como ser humano, no tiene por qué aguantar, salvo que quiera hacerlo.

Me opongo, de hecho, a que en situaciones como esta se pueda actuar de oficio, porque eso sí que equivaldría a someter a la libertad de expresión a una censura sin precedentes. Pero el Estado de Derecho debe permitir que quien se sienta ofendido o crea que puede serlo, busque el amparo de la Justicia. En el caso de Telma Ortiz, la Justicia decidió que ofrecerle ese amparo implicaba una censura previa que una democracia no puede tolerar, por más que la hermana de la princesa Letizia tenga todo el derecho del mundo a que se respete su intimidad. En el caso del juicio contra el periodista de la COPE no sabemos todavía qué va a decir el Tribunal que lo juzga, pero es evidente que el único modo que tiene de defenderse una persona, tenga el cargo que tenga en el sector público o sea lo famoso que sea, es el de recurrir a los tribunales cuando cree que su honor ha sido ‘mancillado’ en las ondas o en las tribunas de papel.

Lo que ha hecho Gallardón es, sin lugar a dudas, ejercer su derecho como ciudadano a tener seguridad jurídica y a buscar el amparo de la ley cuando considera que se le ha ofendido de manera grave. Luego, será la justicia la que dictamine si esto es verdad o no, por lo que no puede, en modo alguno, considerarse la actuación de Gallardón como un ataque a la libertad de expresión, sino como un ejercicio de autodefensa. Es más, sea cual sea la sentencia, la misma no impide al periodista de la cadena COPE seguir diciendo lo que piensa todas las mañanas de la misma persona que lo ha sentado ante un tribunal, entre otras cosas porque lo que reclama el supuestamente ofendido no es que la Justicia le impida seguir criticándole o, como querían los camisas pardas de ERC, cerrar la COPE. Únicamente reclama una satisfacción económica que el alcalde quiere hacer llegar a las víctimas del terrorismo, aquellas a las que el periodista dijo que Gallardón había traicionado. No hay, por tanto, actitud de censurar, sino de reparar un daño, lo cual no es sino una muestra más del exquisito respeto que el político en cuestión tiene hacia la libertad de expresión del director de La Mañana.

“A nadie se ofenderá –sigue diciendo El Pobrecito Hablador en su primer número-, a lo menos a sabiendas; de nadie bosquejaremos retratos; si algunas caricaturas por casualidad se pareciesen a alguien, en lugar de corregir nosotros el retrato, aconsejamos al original que se corrija: en su mano estará, pues, que deje de parecérsele”. La línea que separa la crítica de la ofensa, la sátira de la injuria, es difusa en la mayoría de las ocasiones. La libertad de expresión no puede ser una excusa para que el periodista haga de su capa un sayo, entre otras cosas porque su abuso puede conducir a que el político caiga en la tentación de pretender callar al mensajero. En un Estado de Derecho, la única salvaguarda para que ambos intereses convivan sin buscar derrotarse mutuamente es, precisamente, la Justicia. Pero antes, hay un camino que puede seguirse sin muchos tropiezos y que garantiza una saludable convivencia: para el político, dejarse acompañar por una coraza que haga resbalar la crítica cuando esta es necia y fluye del resentimiento. Para el periodista, “reírnos de las ridiculeces, esta es nuestra divisa; ser leídos, este es nuestro objetivo; decir la verdad, este es nuestro medio”.

FEDERICO QUEVEDO

PUBLICADO EN EL CONFIDENCIAL

REPRODUCIDO CON PERMISO DEL AUTOR